Las propuestas del Partido Popular sobre las cuotas participativas de las cajas de ahorros, con el visto bueno del PSOE y de CiU (los matices de oposición son más simbólicos que reales), en el marco del actual debate sobre la reforma del sistema financiero, suponen el comienzo del proceso de apropiación de las cajas y del cambio de su naturaleza jurídica, sobre todo por lo que se refiere a los derechos de los cuotapartícipes:

• Se da entrada a los cuotapartícipes en los órganos de gobierno de las cajas, reservándoles una proporción de los compromisarios que eligen a los representantes de los impositores en dichos órganos.

• Se puede crear un sindicato de cuotapartícipes, cuyo Presidente tendrá derecho de voz en la Asamblea General. Su regulación legal será la del sindicato de obligacionistas de las sociedades anónimas (RDL 1584/89 de 22 de diciembre), lo que equipara a las cuotas participativas con las obligaciones convertibles en acciones de las sociedades anónimas.

• Podrán emitirse cuotas participativas hasta un límite del 50% de los recursos propios, remuneradas con el mismo porcentaje del excedente de libre disposición. Ello sólo puede hacerse rebajando las actuales aportaciones a Obra Social y/o a reservas, lo que redundará en una menor solvencia y en peor calidad de la labor social. La consecuencia añadida será una mayor presión sobre los costes y, por tanto, un mazazo a las condiciones salariales y sociales de los trabajadores, cuya consideración actual exclusiva de coste para los gestores se verá reforzada cuando entren en colisión frontal con la remuneración de las cuotas/acciones.

Este es el peligro real de la reforma que se avecina, y no que se limiten los mandatos de los consejeros o la edad de los mismos, como parece desprenderse de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación y que sólo reflejan intereses personales y no sociales.

Hablamos de peligro real porque estamos ante el principio del desmantelamiento de las cajas tal y como las conocemos: como la mitad del sector financiero español, saneado, que no ha costado un duro ni al Estado ni a los contribuyentes y que crea empleo y genera beneficios.

Tristemente, estas características, lejos de garantizar la supervivencia de un modelo ejemplar, convierten a las cajas en objetivo prioritario de quienes creen que sólo el capital privado y la gestión enfocada al beneficio del accionista garantizan el éxito. No hay que devanarse los sesos para desmentirles: la prensa diaria está llena de ejemplos que les ponen en evidencia.

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