La incidencia de las enfermedades profesionales y su restrictivo reconocimiento legal, los incumplimientos patronales en la aplicación de la normativa, la falta de neutralidad de las Mutuas y la escasa sensibilidad de la Administración, son fuente de los problemas denunciados por los Delegados de Prevención de CC.OO. y percibidos por los trabajadores, que no podemos dejar de señalar.

Entre ellos, el más común en nuestro Sector, es la casi nula presencia en las Evaluaciones, que generalmente realizan las Mutuas, de los riesgos que pudieran derivarse del uso de pantallas de visualización, que en consecuencia, tampoco son tenidos en cuenta en la preceptiva vigilancia de la salud, obviando en la misma frecuentemente, la aplicación del "Protocolo de Reconocimientos Médicos para Usuarios de Pantallas". Tal actidud obedece al mandato de empresas y patronales, que lejos de negociar acuerdos en materia de seguridad y salud, generalmente necesitan de la continua presión sindical para asumir sus obligaciones preventivas.

Asimismo y por igual motivo, dichas Evaluaciones sólo contemplan riesgos de seguridad (desprendimientos, caídas, contacto eléctrico) en un sector administrativo como el nuestro en que tales riesgos son los mínimos, al tiempo que eluden incluir los atracos en entidades financieras y los riesgos derivados del traslado de fondos por empleados, práctica denunciada por los Delegados de comfía en algunas zonas y empresas, así como el riesgo de "accidentes en misión" al que se ven sometidos muchos compañeros que desempeñan tareas comerciales.

Otros aspectos tampoco considerados en las Evaluaciones son los factores psicosociales, la organización del trabajo, las exigencias de la tarea, etc., origen previsible del estrés laboral y la depresión, cuya tasa de incidencia es cada vez más alta en sectores como el Telemárketing, e igualmente la consulta a los trabajadores, claramente obligatoria según la Ley.

Todo lo anterior configura unos Servicios de Prevención, que ya sean propios o ajenos, constituyen o contratan las empresas para cumplir formalmente la normativa, pero que raramente previenen los daños que sufrimos trabajando, evitan relacionar las molestias y enfermedades con las condiciones de trabajo y menos las califican como derivadas del mismo, desviando su tratamiento a la Seguridad Social.

En esta situación, la Salud Laboral, concebida por la Ley de Prevención como instrumento de colaboración entre empresarios y trabajadores, se desarrolla de manera desigual en las empresas dependiendo de la mayor o menor presencia sindical, principal garantía de control y mejora de las condiciones de trabajo.