Aprobada por 71 votos a favor y 27 en contra

El Consejo Confederal de CC OO considera que la negociación entre los interlocutores sociales sobre todo aquello que afecta a la contratación, las condiciones de trabajo y la protección frente a aquellas contingencias que afectan a la realización del mismo, es esencial para defender los derechos laborales y sociales de los trabajadores, contribuir a sostener el actual ciclo de crecimiento económico, fortalecer el tejido productivo con inversiones tanto privadas como públicas, y distribuir la riqueza generada de forma más justa y equitativa.

Es ésta una responsabilidad en la que nos sentimos seriamente comprometidos. Por ello, nuestro primer objetivo es mantener nuestra capacidad de participar, de intervenir, en cualquier modificación que afecte a nuestras condiciones de vida y de trabajo. Así lo hemos hecho en este mismo proceso firmando acuerdos sobre la formación continua para los trabajadores y para la solución extrajudicial de los conflictos laborales.

Conscientes de la importancia de los asuntos abordados en la negociación con las organizaciones empresariales, en lo que afecta a la contratación, y con el Gobierno, en lo que afecta a la protección social, hemos planteado en ambos casos propuestas equilibradas para conseguir sendos acuerdos sobre ambas materias. A pesar de ello, CEOE y CEPYME han decidido romper cualquier posibilidad de acuerdo y promover una actuación unilateral e impuesta desde el Gobierno.

Es una decisión injustificable. Ni los plazos ni los contenidos de la negociación justificaban esta irresponsable decisión de la patronal alentada desde un Gobierno inconsecuente. El Gobierno y la patronal parecen dar por finalizado un modelo de negociación que ha demostrado su utilidad en el último lustro, optando por un modelo de decisión en el que el Gobierno marca los plazos, fija los contenidos y adopta las decisiones, al tiempo que la patronal prefiere renegar de su capacidad como interlocutor social y limitarse a jugar el papel de un grupo de presión frente a decisiones de terceros. Es una decisión que daña seriamente el diálogo social, tal y como lo habíamos conocido y desarrollado hasta ahora, y que también tendrá consecuencias negativas en el desarrollo de la negociación colectiva.

En este sentido, es especialmente preocupante el anuncio hecho desde diferentes instancias del Gobierno sobre la inclusión de nuevas modificaciones en el sistema de negociación colectiva, en las prestaciones de desempleo, en los sistemas de previsión social complementaria y en la Ley Básica de Empleo, todas ellas sin mayores precisiones hasta la fecha, pero prefijadas en un recorrido temporal de aquí a finales de este mismo año.

Hoy estamos ante una decisión del Gobierno desequilibrada hacia los intereses empresariales y en la que ninguna de las medidas propuestas por las organizaciones sindicales, para poder incidir en la excesiva temporalidad y en el uso abusivo y reiterado de contratos temporales, han sido tenidas en cuenta.

La reforma del Gobierno amplía las causas para la contratación temporal (incorporando un nuevo contrato de inserción en las Administraciones Públicas y ampliando hasta el absurdo el contrato de formación); no incorpora ninguna medida efectiva que limite el encadenamiento abusivo de los contratos temporales; no introduce medidas efectivas de sobrecoste por la utilización de la contratación temporal; y aborda el fenómeno de las contratas y subcontratas limitándose a reconocer derechos de información. En otras palabras, es una reforma inútil para abordar el grave problema de la precariedad en el empleo.

Además, la reforma modifica unilateralmente el contrato indefinido de fomento, eliminando ya la posibilidad de que seamos las organizaciones sindicales y las empresariales quienes decidamos sobre su continuidad y contenidos, e introduce una nueva causa de despido que, de no corregirse su actual redacción, supone un riesgo cierto para trabajadores estructurales de las Administraciones Públicas o de empresas que contraten con éstas el desarrollo de programas públicos.

Por último, la reforma del tiempo parcial se ha hecho para satisfacer la demanda de las organizaciones empresariales. La nueva regulación establecida para el contrato a tiempo parcial supone una reforma dura y en profundidad: se rompe la frontera que dividía de manera nítida esta forma de empleo del empleo a tiempo completo, y se da una amplia disponibilidad al empresario para la determinación de la jornada, tanto ordinaria como complementaria. Además, en el contrato fijo-discontinuo se introducen nuevos elementos de confusión al diferenciar tres tipos en función del carácter cierto o incierto del inicio y finalización de la prestación de servicios.

Se trata, sin duda, de un Real Decreto-Ley que merece nuestro rechazo y nuestra contestación. Tenemos que reconducir esta situación y esto implica no sólo expresar el rechazo a las decisiones del Gobierno y de la patronal, sino tratar de recomponer el diálogo en una cuestión estratégica como es el futuro de la Seguridad Social. Si esto no es posible, estaremos ante un cambio de escenario que nos obligará a defender de nuevo, con firmeza y contundencia, nuestra capacidad de intervención sindical en defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

El Consejo Confederal de CC OO emplaza al Gobierno a responder rápida y positivamente a las propuestas sindicales sobre el futuro del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Son propuestas que permiten dar garantías a medio y largo plazo para el equilibrio financiero del sistema, mejorar sus prestaciones y permitir el acceso voluntario a la jubilación anticipada. Ninguna de estas propuestas sindicales desequilibra el sistema y no hay ni una sola razón que justifique el retraso en la consecución del acuerdo. El Gobierno está implicado directamente en esta negociación y debe actuar con decisión y rapidez en la búsqueda del acuerdo. Sólo podría explicar el Gobierno el desacuerdo en esta mesa si su intención es otra que la de mejorar el actual sistema de Seguridad Social, si su intención es quebrar el actual modelo contributivo y de reparto para encaminarnos a un sistema de capitalización individual insolidario e injusto que perjudicará a toda la sociedad. De ser así, debe saber el Gobierno que tendría enfrente a tanto al movimiento sindical como al conjunto de la sociedad.

El Consejo Confederal de CC OO ha decidido impulsar de inmediato una campaña informativa, que permita hacer llegar hasta el último centro de trabajo, a todos los trabajadores y trabajadoras, no sólo nuestra denuncia y protesta por los efectos de la reforma sino nuestras propuestas de actuación tanto en la negociación colectiva como en el conjunto del diálogo social. Esta información debe ser tanto escrita, difundiendo los materiales que sean precisos, como verbal, de manera que se realicen asambleas tanto en las empresas como de delegados en todos los ámbitos para hacer llegar con claridad nuestro mensaje tanto a los cuadros sindicales como a los trabajadores.

Trataremos, además, de corregir los efectos más regresivos de la norma del Gobierno promoviendo modificaciones de la misma en su tramitación parlamentaria. Plantearemos nuestras propuestas ante los grupos parlamentarios para que los partidos de la oposición nos acompañen en nuestra pretensión y para que el Gobierno, a través del grupo parlamentario Popular, modifique los contenidos más lesivos.

Por otro lado, estableceremos indicaciones y criterios claros para que la negociación colectiva actúe con eficacia frente a la temporalidad y restrinja en lo posible la discrecionalidad empresarial en la distribución de la jornada en los contratos a tiempo parcial. CEOE y CEPYME deben recibir el mensaje claro en las empresas y en los sectores de que las reformas impuestas no se aplican impunemente. Lo mismo haremos en las mesas de negociación en ámbitos autonómicos con la política de incentivos al empleo, de forma que ahí se abra otro frente de presión en contra de cualquier apertura del mercado de trabajo hacia la precariedad.

Iniciaremos, también, una campaña organizada contra la contratación irregular, abusiva y fraudulenta de los trabajadores precarios. Se dotará de herramientas jurídicas y apoyo técnico a todas las organizaciones confederadas para promover denuncias en todas aquellas empresas que actúan hoy vulnerando las leyes ante la inoperancia de la Inspección de Trabajo.

No podrán, si nos empeñamos, romper nuestra estrategia ni nuestro empeño de intervenir en el gobierno de los cambios. Nuestra responsabilidad es obligar a las contrapartes a sentarse a la mesa y concluir acuerdos que mejoren los derechos laborales y sociales. La realización y visualización de asambleas masivas, la perspectiva de acciones más generales deben ser la garantía cierta de que el nivel de la respuesta sea en cada momento el más conveniente, sin descartar la respuesta más dura, si se persiste en el camino emprendido.

El Consejo Confederal de CC OO manifiesta no sólo la voluntad de diálogo sino nuestra decisión firme de recuperar cualquier espacio contractual del que se nos quiera apartar, por responsabilidad hacia los trabajadores y por coherencia con nuestros objetivos estratégicos.

Todo esto lo concretaremos de inmediato con la dirección de la UGT, a la que hemos manifestado con claridad nuestros análisis y valoraciones, que incluyen la necesidad de sostener más que nunca la unidad de acción, por encima de cualquier otro interés.

Madrid, 14 de marzo de 2001