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Sanitas, patrocinador del Congreso Nacional de Recursos Humanos, ha pretendido reunir a expertos en el ámbito de los Recursos Humanos con aquellos directivos y profesionales interesados en conocer las últimas novedades y obtener una visión sobre el futuro del sector. Iñaki Ferrando, director de Comunicación Médica de Sanitas, ha explicado en su conferencia ‘Salud y trabajo: un binomio inseparable’ la relación que existe entre el trabajo y la salud, “porque un trabajador sano rinde más y mejor, y el trabajo, a su vez, le aporta muchos aspectos positivos para la salud, como son la satisfacción de necesidades o el desarrollo profesional, personal y social”.
El programa de estabilidad que envió el Gobierno español a Bruselas es, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, la "espina dorsal" de la política económica para esta legislatura. El programa está dominado por una prioridad, la reducción del déficit público a machamartillo. Pero más allá del ajuste y sus efectos, lo más determinante para el crecimiento y el empleo será, según las propias estimaciones del Ejecutivo del PP, la reforma laboral. El Gobierno cree que la nueva norma inducirá una significativa contención de los costes laborales y facilitará así ganancias de competitividad. En el vocabulario del trabajador, esto se traducirá en una prolongada pérdida de poder adquisitivo. Como mínimo, hasta 2015.
La Organización Internacional del Trabajo cree que la crisis ha causado mucho impacto en el mercado laboral, pero advierte de que es la austeridad lo que pone en peligro su futuro. En su último informe, Trabajo en el Mundo 2012, señala que en hay un déficit global de 50 millones de empleos en comparación a la situación anterior a la crisis. “Es poco probable que durante los próximos dos años la economía crezca a un ritmo suficiente para reducir el actual déficit de empleo”, advierte. Añade que la obsesión por atajar el déficit de los Gobiernos, especialmente en Europa, está dañando el crecimiento, un efecto que la OIT bautiza como “la trampa de la austeridad”.
El PP se corrige a sí mismo y, de paso, rebaja la factura de los despidos colectivos de las grandes empresas con beneficios. La tramitación parlamentaria de la reforma laboral hará desaparecer, si los populares no cambian de intención, la penalización sobre las prejubilaciones llevadas a cabo por las grandes firmas desde abril de 2009 a abril de 2011 que la propia reforma impuso. Una enmienda presentada por el Grupo Popular librará a las sociedades con beneficios de pagar el paro y las cotizaciones sociales de los mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleo realizadas hasta el 27 de abril de 2011. Los expedientes de regulación empleo (ERE) posteriores a esa fecha no podrán eludir el pago. La corrección supone que la Seguridad Social puede dejar de ingresar cientos de millones, ahora que sus cuentas son un obstáculo para cumplir el objetivo de déficit.
Hoy, 4 de mayo, es el día de la liberación fiscal. Es decir, la fecha en la que un ciudadano medio ya "ha generado ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones tributarias de todo un año". Así lo atestigua un informe de Civismo y Libertad, una organización de carácter liberal que se define como un "think tank por la libertad y la sociedad civil". Este cálculo es muy conocido en el mundo anglosajón -Tax Freedom Day-. En el caso español, se toma como referencia a un trabajador que gana 24.400 euros brutos al año. El estudio calcula el coste que supone el IRPF, el IVA, la Seguridad Social, los impuestos especiales y otros impuestos municipales como el IBI.
"Cada viernes continuarán las reformas, y el viernes que viene también". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, anunció que el ataque a los derechos sociales y laborales sigue su curso. Bien es verdad que en estos cuatro meses al frente del Ejecutivo, Rajoy solo ha sido fiel a lo que no dijo; pero conviene no olvidar que el horizonte electoral está despejado, y ello puede animar a la derecha española a consumar la mayor contrarreforma social, laboral y democrática que haya tenido lugar en este país desde 1977.
La secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López, ha denunciado el "alarmante" incremento del desempleo en el primer trimestre del año, que ya alcanza la cifra 5.639.500 personas. "Un incremento que es consecuencia de la política errónea del Gobierno que persiste en la reducción del déficit en lugar de apostar por el estímulo económico y el empleo", en su opinión.
El PP se corrige a sí mismo y, de paso, rebaja la factura de los despidos colectivos de las grandes empresas con beneficios. La tramitación parlamentaria de la reforma laboral hará desaparecer, si los populares no cambian de intención, la penalización sobre las prejubilaciones llevadas a cabo por las grandes firmas desde abril de 2009 a abril de 2011 que la propia reforma impuso. Una enmienda presentada por el Grupo Popular librará a las sociedades con beneficios de pagar el paro y las cotizaciones sociales de los mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleo realizadas hasta el 27 de abril de 2011. Los expedientes de regulación empleo (ERE) posteriores a esa fecha no podrán eludir el pago. La corrección supone que la Seguridad Social puede dejar de ingresar cientos de millones, ahora que sus cuentas son un obstáculo para cumplir el objetivo de déficit.
CCOO ha hecho pública una declaración contra los recortes en educación y sanidad, en la que se denuncia el grave deterioro de los servicios públicos básicos -educación, sanidad, atención a la dependencia, …- que están provocando las políticas de ajuste, con una consecuencia clara: se deterioran los servicios públicos y con ello la calidad de vida de la ciudadanía, en especial de los sectores más vulnerables de la sociedad: pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes y aumenta la desigualdad, la pobreza y la marginación.
El 28 de abril recordamos a las trabajadoras y trabajadores que han perdido su salud y su vida como consecuencia de las condiciones en las que desarrollaron su acti- vidad profesional. Una jornada de recuerdo y lucha, y para reivindicar frente a em- presas y a poderes públicos unas condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables.
Para la secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa, estos recortes son evitables porque hay una salida a la crisis mas justa económica y socialmente hablando. Eso también lo sabe el Gobierno, que no abre la posibilidad al gran acuerdo social y político que necesita este país para afrontar la crisis, empeñado como esta en hacer la Gran Reforma que consiste en involucionar del Estado social al Estado mínimo, de coberturas publicas universales a políticas asistenciales, de los derechos garantizados a la mercantilización de las necesidades, de la cohesión social a la sociedad dual.
s Mutuas de Accidentes de Trabajo parecen haberle cogido el gustito a incumplir el Convenio Colectivo Sectorial y agotado el plazo previsto para ello, NO han actualizado las tablas salariales de 2011, ni abonado los atrasos correspondientes a la regularización de IPC.
El aumento progresivo de la esperanza de vida está propiciando que la población mundial esté envejeciendo rápidamente, hasta el punto de que en apenas cinco años, y por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que el número de personas mayores de 65 años superará al de niños menores de 5 años.
La Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos de la que CCOO forma parte junto con más de 55 asociaciones, rechaza los Presupuestos Generales para 2012 porque consolidan y agudizan el retroceso social, obstaculizan la recuperación económica y del empleo de España, ya que, reducen las inversiones públicas e incrementan el desempleo en el sector público.
El 29 de marzo los sindicatos españoles han convocado una huelga general de 24 horas para rechazar una reforma laboral muy regresiva y para defender los servicios públicos fundamentales. La reforma laboral fue aprobada por Decreto Ley el pasado 10 de febrero, sin negociación ni consulta con los interlocutores sociales. Así, el Gobierno del Partido Popular ha asestado un duro golpe no sólo al Derecho del Trabajo sino a un modelo de diálogo social que ha sido puesto muchas veces como modelo. El 29 de marzo los sindicatos españoles han convocado una huelga general de 24 horas para rechazar una reforma laboral muy regresiva y para defender los servicios públicos fundamentales. La reforma laboral fue aprobada por Decreto Ley el pasado 10 de febrero, sin negociación ni consulta con los interlocutores sociales. Así, el Gobierno del Partido Popular ha asestado un duro golpe no sólo al Derecho del Trabajo sino a un modelo de diálogo social que ha sido puesto muchas veces como modelo.
El número de personas desempleadas se situó en marzo en 4.750.867, 38.769 más y un aumento del 0,82% respecto al mes anterior. Tres meses después de que el Gobierno aprobase la reforma laboral, el paro alcanza cifras record como consecuencia, a juicio de Paloma López, secretaria confederal de Empleo de CCOO, de unas políticas erróneas, que no son las que necesita nuestro país. "Los 100 primeros días del Gobierno de Rajoy ponen de manifiesto el fracaso de unas medidas que solo inciden en los recortes y conducen a más desempleo y al ahondamiento de la crisis".
Tras la parada de casi dos meses que ha sufrido la negociación del Convenio y que fue solicitada por las Patronales del Seguro para poder analizar en profundidad la Reforma Laboral, por fin en la reunión de la Mesa celebrada ayer presentaron sus propuestas ante las representaciones sindicales.
Las 60 manifestaciones convocadas por CCOO y UGT apenas 48 horas después de que anunciasen la huelga general han tenido un notable apoyo. Este domingo 11 de marzo los sindicatos han vuelto a sacar a la calle a más de un millón y medio de personas en todo el país contra "la reforma más regresiva de la democracia", tal y como la definía Toxo, que acaba con derechos históricos de los trabajadores y trabajadoras. Un masivo seguimiento que tendrá su continuidad el 29 de marzo, y más allá si el Gobierno no rectifica: "Que no se confié", advirtió al Gobierno el secretario general de CCOO, "que el miedo no va a atenazar a la gente", la huelga general va a ser un éxito. "Que el Gobierno sepa que no vamos a permitir que acabe con todo", con los derechos laborales y sociales, apostilló.
En un momento de recortes parece que lo más importante es publicar en papel una revista que ya existe en formato digital.
"La reforma no va a crear empleo, con las nuevas facilidades para despedir, está llamada a crear paro a corto y medio plazo", ha aseverado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, tras la reunión que han mantenido esta mañana sindicatos y empresarios con la Ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Hoy 19 de enero, en reunión de Comisión Mixta del Convenio Estatal de Seguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo, se ha procedido a la aplicación de la cláusula de revisión salarial recogida en su Artículo 37.
La cocina está en plena ebullición y la expectación se palpa. La ronda de resultados de la banca está a la vuelta de la esquina y, planeando sobre ella, está el saneamiento extraordinario del balance que el Gobierno quiere imponer a las entidades. Diversas fuentes sectoriales reconocen que los contactos entre la industria financiera, el Ministerio de Economía y las grandes auditoras se han intensificado. De hecho, señalan que son los mayores grupos bancarios quienes llevan la batuta de los cambios que están por llegar. Y citan explícitamente a Santander, BBVA y CaixaBank, pilares de AEB y CECA.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, considera que la reforma laboral "debe servir para que sea más fácil contratar que despedir", ya que "hasta ahora ha ocurrido lo contrario", y advierte de que el Gobierno desarrollará con "determinación" una nueva regulación en caso de que no haya consenso entre los agentes sociales. "He situado como uno de los objetivos de la reforma en que lo fácil sea contratar y no despedir", indicó Soria tras participar en el Spain Investors Day. El ministro también señaló que la posible ampliación de los plazos de negociación de la reforma dependerá "del grado de consenso y de la decisión del presidente" del Gobierno, Mariano Rajoy.
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